A pocos días del balotaje presidencial del 14 de diciembre, donde las encuestas muestran una holgada diferencia en intención de voto favorable al candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, organizaciones sociales, víctimas de la dictadura y referentes históricos del movimiento de derechos humanos denunciaron el peligro que enfrenta el país en materia de memoria, justicia y garantías fundamentales.

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Las advertencias no son nuevas, pero hoy adquieren un tono urgente. En declaraciones recogidas por teleSUR, dirigentes como Alicia Lira y otros referentes expresaron que el discurso de odio, el negacionismo y la promesa de mano dura contra migrantes no solo fracturan al país, sino que amenazan directamente los valores que sostienen la democracia chilena desde el fin de la dictadura.

La figura de Kast, cercano a la herencia ideológica de Augusto Pinochet y con un historial parlamentario adverso a reformas sociales, se mantiene en la mira. Durante 16 años como diputado, votó sistemáticamente contra proyectos clave para los derechos de las mujeres, la educación pública y la salud reproductiva. Organizaciones recuerdan que también visitó en prisión a condenados por crímenes de lesa humanidad, entre ellos a figuras emblemáticas del aparato represivo durante una dictadura que se extendió de 1973 a 1990 y dejó miles de asesinados y desparecidos.

Su contrincante, Janet Jara, ha centrado parte de su campaña en subrayar este historial. En su franja electoral expone cifras, ausencias y posiciones legislativas que —sostiene— revelan el verdadero compromiso de Kast: no con la democracia, sino con quienes la violentaron.

El temor no es solo simbólico. Para organizaciones de derechos humanos, lo más grave no es únicamente el negacionismo que vuelve a instalarse, sino la dimensión racial y xenófoba que articula el proyecto de la extrema derecha. Los anuncios de posibles expulsiones masivas de migrantes, celebrados públicamente por la candidatura republicana, profundizan la preocupación en un país que ya vive retrocesos significativos en materia de derechos y protección humanitaria.

La alarma escaló aún más este 5 de diciembre, cuando una declaración firmada por destacados defensores de derechos humanos rechazó tajantemente la pretensión de Kast de excarcelar a criminales de lesa humanidad condenados en Chile.

El texto advierte que la propuesta de indultar a presos mayores de 70 años, muchos de ellos recluidos en la cárcel de Punta Peuco, constituye un retroceso inaceptable. En ese penal se encuentra Miguel Krassnoff, sentenciado a más de mil años de cárcel por secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas durante la dictadura cívico-militar.

Los firmantes —entre ellos Nelson Caucoto, Alicia Lira, Luciano Fouillioux, Francisco Ugas, María Paz Ortega y Carmen Frei Ruiz-Tagle— sostienen que “los derechos humanos son universales e irrenunciables y jamás pueden ser usados como botín político”. Advierten que relativizar los crímenes del pasado, o intentar revertir fallos judiciales consolidados, abriría heridas con consecuencias imprevisibles para el país.

La declaración recuerda que durante los 17 años de régimen militar se documentaron más de 40.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos, incluidos 3.200 asesinatos y 1.100 personas detenidas desaparecidas. Ante este historial, cualquier insinuación de impunidad hiere profundamente la dignidad de las familias que décadas después siguen buscando verdad y justicia.

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